La Comisión de Libertad Condicional de Valdivia acogió 16 de las 250 solicitudes presentadas por internos que cumplen condena en las unidades penales de la jurisdicción, es decir, sólo se aceptaron el 6,5 por ciento de las postulaciones al requisito.
La comisión la preside el ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia Juan Ignacio Correa y también la integran la jueza del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia Pamela Hernández; el juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno, Edmundo Moller; el juez del Juzgado de Garantía de Valdivia, Fabian Duffau y el magistrado del Juzgado de Garantía de Osorno, Matías Irribarra.
Las postulaciones se analizan en base a informes psicosociales elaborados por Gendarmería, los cuales evaluaron los factores de riesgo de reincidencia de cada postulante.
Además, la comisión consideró las cartas que 25 víctimas, 22 de la Región de Los Ríos y tres de la Provincia de Osorno, en las que tuvieron la oportunidad de expresar su opinión respecto de la solicitud de libertad de su victimario.
Asimismo, la comisión revisó el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena o dos tercios dependiendo del tipo de delito, haber mantenido el interno una conducta intachable en el establecimiento penal en los cuatro bimestres anteriores a la postulación o tres bimestres en el caso que la condena impuesta no exceda los 541 días, riesgo de reincidencia y posibilidades de reinserción social.
La comisión aprobó la libertad condicional de dos internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno y rechazó a 42. Del Centro de Estudio y Trabajo de Osorno se rechazaron la totalidad de las solicitudes, denegándose por lo tanto 24.
Del recinto penitenciario de Río Bueno se rechazó a la totalidad que ascendía a 19 solicitudes y del Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia se aprobaron 11 y se rechazaron 144.
Finalmente de los postulantes del Centro de Estudio y Trabajo de Valdivia se aprobaron tres solicitudes y se rechazaron cinco.
Quienes obtienen el beneficio, quedan sujetos a la supervisión de un delegado de libertad condicional de Gendarmería, quien, en un plazo de 45 días desde su designación, deberá elaborar un plan de intervención individual, el cual debe ser suscrito por el beneficiado.
El seleccionado debe comprometerse a dar cumplimiento a las condiciones impuestas, tendiente a su rehabilitación y reinserción social.
La comisión puede revocar la libertad condicional si no se cumple dicho plan, en cuyo caso, se ordenará el reingreso del infractor a la cárcel, para que cumpla el saldo de la condena. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
233063