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Por Mario Guarda , 26 de enero de 2022

Gentrificación: La expulsión de los vecinos tradicionales del centro histórico de Valdivia

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Uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Valdivia está viendo ante sus ojos como sus vecinos y vecinas están siendo prácticamente “expulsados” de sus hogares por estrategias impulsada por inmobiliarias, las que por medio de una política “silenciosa” se van apoderando de las zonas céntricas de la ciudad interviniendo en la diversidad social, arquitectónica y patrimonial existente en los sectores colindantes al perímetro central de la capital de Los Ríos. Las políticas municipales respaldan los intereses privados y del capital inmobiliario al permitir la construcción de edificios, sin consultar a los residentes históricos del barrio sobre estas decisiones. Lo que está en juego es el hogar de la gente que ya tiene el veneno metido en el cuerpo por medio de la gentrificación.

Andrej Holm, uno de los investigadores más conocidos de Alemania en este tema, define la gentrificación como “cualquier proceso de revalorización de una parte de una ciudad, ligado a estrategias inmobiliarias y económicas de puesta en valor y/o a estrategias políticas de revalorización, que requieren un cambio de población para tener éxito. La expulsión es la esencia de la gentrificación, no un efecto colateral no deseado”.

Ante esto las calles valdivianas como Philippi, Clemente Escobar, Camilo Henríquez, Ernesto Riquelme y Lord Cochrane, entre otras, están siendo víctimas de esta estrategia para expulsar y desplazar a los habitantes tradicionales y pertenecientes a las clases más vulnerables del área, gran parte, gracias a que las viejas “casonas” de madera  del sector han sufrido un constate abandono, sufriendo deterioro y devaluación económica. Esto conlleva a que los propietarios particulares, condenados al olvido de las instituciones públicas, que generalmente no han hecho reformas, ni arreglos en muchos años, y cuentan con escasos recursos económicos, vendan sus propiedades a sociedades inmobiliarias por precios irrisorios, siendo estratégicamente desalojados del sector central de la ciudad. El objetivo es arrebatarles el control de la propiedad de sus pequeños locales y viviendas.

A su vez, la estigmatización de barrio por ciertas características negativas también juega un papel relevante de este proceso. Esto viene dado por proliferación del microtráfico de drogas a solo escasos minutos de la Plaza de Armas a vista y paciencia de las autoridades o por abarrotar las viviendas con inmigrantes con bajos alquileres. A esto se suma, que el sector ha sido uno de los epicentros del estallido social de 2019, donde se produjeron constantes barricadas y enfrentamientos. Para muestra un botón; el incendio a la  ex sede del Partido Socialista ubicada en Aníbal Pinto, escena icónica que ha quedado grabada a fuego en la mente y corazón de los valdivianos.

Tanto el abandono como la estigmatización del barrio son claves en la primera etapa de la gentrificación, que, según los expertos, es una acción planificada de potentes grupos inversores, apoyados por poderes municipales a fin de recuperar los barrios céntricos de la ciudad pues estos tienen una potencial alta plusvalía. El siguiente paso es su revalorización y mercantilización.  

Dicha revalorización tiene la intención de cambiar el barrio, pero también las personas que viven en él. Estas deben marcharse para que personas con mayor poder adquisitivo refinancien las inversiones del entorno, vale decir que sean rentables  y mantengan el latido económico a buen ritmo. La subida del precio del alquiler de locales, departamentos centrales y compraventa de vivienda se expande a niveles tan altos que hacen insostenibles e inaccesibles para las poblaciones que tradicionalmente habitan estas áreas. Bajo esta perspectiva, la vivienda y su espacio es una mercancía que debe generar retornos económicos, por ende, es tratada y gestionada como tal, alejándola de su función social relacionada con la protección e identidad colectiva. Los vecinos tradicionales deben beneficiarse de las mejoras introducidas en el barrio, al tiempo que la renovación urbana no debe ser instrumentalizada en favor de los intereses del capital inmobiliario.

Sin ir más lejos la primera parte de este plan se da a principios de la década del 2000, cuando el sector de General Lagos y Pérez Rosales ha comenzado a recibir, de la noche a la mañana,  grandes inversiones públicas y privadas que se traducen en arreglos en las calles, instauración de colegios, universidades, luminarias etc, incrementando considerablemente la densidad demográfica del sector. Estas inversiones no estaban precisamente enfocadas al bienestar de sus habitantes, sino más bien, allanar el camino futuro para el negocio de los inversores que, poco a poco, han ido llegando a la zona para caminar entre esa delgada línea  roja que separa lo legal de lo ético.

La gentrificación tiene como consecuencia la pérdida del patrimonio arquitectónico el cual es reemplazado por edificios de departamentos, inclusive “guetos verticales”, a su vez, se incrementan rápidamente los precios del alquiler y de compra de viviendas. Los vecinos que habitan el barrio por generaciones y aquellos “expulsados” ven destruido su tejido social, al tiempo de matar la identidad local y la memoria histórica del barrio.

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